Violencia policial: el procurador obliga la intervención de fiscales

El Procurador General, Jorge Crespo firmó un protocolo de actuación frente a la violencia institucional. Prevé la participación de otras fuerzas en la investigación.

La Procuracion judicial entendió que “la violencia institucional debe constituirse en un tema crucial en la agenda política criminal”, y fijó un protocolo de actuación para los fiscales, disponiendo que deben “informar, actuar de oficio -sin que medie denuncia- y constituirse en el lugar en forma inmediata”.

En las últimas horas, el Procurador General, Jorge Crespo firmó una resolución que unifica los criterios de actuación frente a casos de violencia institucional en Río Negro.

En concreto, establece pautas de “cómo debe iniciarse los casos, qué papel ocupa en los mismos la fuerza sospechada y cómo debe intervenirse cuando las víctimas sean menores de edad”.

Estos hechos ejercidos por funcionarios públicos, mayormente policías, comprenden “vejaciones, severidades, apremios ilegales y torturas, todas prácticas violatorias que vulneran, restringen o lesionan derechos fundamentales de las personas”.

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En su resolución, Crespo detalla la particularidad de estos delitos, aludiendo a que “interfiere el temor de las víctimas a la represalias físicas o psíquicas y la naturalización de los malos tratos recibidos “, arrojando “ausencia de denuncia o el fracaso de las investigaciones judiciales”.

El protocolo enfatiza en ocuparse de la “violencia institucional” al “contemplar las condiciones de detención de los grupos más vulnerables, y las prácticas específicas” que se configuran contra los mismos.

Como instrucciones, el Procurador ordena que los fiscales “debe informar en caso de que conozca la existencia de estos hechos”, “deberán intervenir de oficio (es decir sin que medie denuncia), y “constituyéndose de forma inmediata en el lugar en el que se registraron los hechos, que podrían constituir estas prácticas delictivas para hacerlas cesar de forma inmediata”.

También prevé que “debe producir todas aquellas medidas que resulten útiles para identificar al responsable”, “generar las condiciones para que la víctima efectúe la denuncia penal, dando cuenta exhaustiva de los hechos y reiterar dichas condiciones de seguridad para permitir la declaración a los testigos”. Agrega que se brindar “inmediata atención médico y psicológico a la víctima del delito”.

Además, establece que “se deberá encomendar las tareas a fuerzas no involucradas” en los hechos investigados, “haciendo uso de los acuerdos suscriptos oportunamente con otras fuerzas de seguridad”.

Finalmente el Protocolo enfatiza en la situación de menores de edad que resulten víctimas” se deberá “dar inmediata intervención al Defensor/a de Menores garantizando la comunicación a los padres y o tutores”.

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