“Lo ataban a la cama” y estaba “desnutrido”: imputaron a dueña de un geriátrico y a un médico

El fiscal Ricardo Romero de la Unidad Temática Fiscal N° 6 formuló cargos esta mañana contra la Stella Maris García y Eduardo Alejandro Rocha, propietaria y médico (respectivamente) de la residencia de adultos mayores “Stella Maris” ubicada en Villegas 4635 de Roca.  

En una audiencia muy debatida que duró más de dos horas, el juez Maximiliano Camarda hizo lugar a la imputación por el delito de “abandono de persona” contra las dos personas acusadas, quienes tenían a cargo a la presunta víctima, un usuario del geriátrico de 63 años, quien estuvo internado allí algunos meses.

La acusación del fiscal Romero indica que los hechos por los que se los imputa ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2018 hasta el 18 de junio de 2019. Puntualmente, se los acusa de “descuidar la atención” de la víctima, quien habría sufrido un “considerable deterioro de salud física y mental”.

García, como dueña de la institución, habría impartido órdenes de “mantener atado” al hombre, estado en el que permanecía por lapsos prolongados sin agua y sin cumplir con el plan nutricional indicado.

“Se lo ataba a la cama y a la silla, inmovilizado y sin agua”, expuso el fiscal y aclaró que se utilizaban sábanas para retenerlo.  Además, según se dijo, el hombre no tomaba la medicación correspondiente.

Ricardo Romero, fiscal de la causa y Natalia Pascual, fiscal adjunta. Foto: Emiliana Cantera

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A Eduardo Rocha, el médico que atendía a los usuarios, se lo acusó de “no brindarle la asistencia médica que sus condiciones requerían”. El representante del Ministerio Público Fiscal se basó en la el artículo 26 de la Ley Provincial 3338, que regula la actividad de los profesionales de la Salud. 

De esta manera, el abuelo “fue desmejorándose progresivamente (…) Hubo un deterioro constante de su salud psicofísica”, agregó Romero. 

Según se relató, en junio, los familiares del hombre lo vieron en muy mal estado y lo retiraron inmediatamente del lugar. Fue revisado por un médico en otro centro para adultos mayores ubicado en calle España. Allí se lo vio en mal estado general, febril, taquicárdico y con obnubilación del sensorio, entre otras afecciones. Inmediantemente lo derivaron a la Clínica Roca donde estuvo internado. 

“García y Rocha conocían la situación y no lo derivaron a un centro de salud, incumpliendo con su deber y no dándolo los cuidados que les competían”, expresó el fiscal. 

Además, entre los hechos, se adjudica a la mujer no tener el lugar debidamente habilitado tanto a nivel municipal como provincial en el momento de la denuncia; e irregularidades en el registro en las historias clínicas de los pacientes. 

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El caso se dio a conocer tras la denuncia de una de las hijas del usuario en junio del año pasado. La demandante no estuvo presente durante la audiencia esta mañana y tampoco envió un representante legal.

Entre las pruebas que elevaron están los informes del Cuerpo Médico Forense, la copia de la historia clínica del hombre, informe de Habilitaciones Municipales, de la Coordinación de Fiscalización Sanitaria, actas de inspección y allanamiento, un informe médico de la Clínica Roca, testimonios de empleados, relato de la exesposa de la víctima, de otra de las hijas, entre otros elementos probatorios.  

Rechazo de la defensa

Desde la defensa, los abogados Oscar Pineda (García) y Darío Sujonitsky (Rocha) objetaron la acusación por “impertinente”, tal como expresó Pineda e “infundada”, según el defensor del médico, ya que “no hay hecho fáctico concreto para atribuirle los cargos”. Por otra parte, criticaron la prueba de Fiscalía a lo que el juez respondió que no analizaría el sustento probatorio en esta etapa de la investigación. 

Maximiliano Camarda, juez de garantías. Foto: Emiliana Cantera

“La pertinencia ni la contundencia de la prueba, no se evalúan en esta etapa, para eso está el juicio”, contestó Camarda cerrando el debate abierto en la sala 4 del subsuelo, sin público. 

El juez dio por formulados los cargos e hizo lugar a algunas reglas de conducta que solicitó la Fiscalía entre las que se destacan la fijación de domicilio, la no comisión de nuevos delitos y el comparecimiento mensual de los imputados ante el Ministerio Público Fiscal.

A García, además, se le sumó la prohibición de hostigamiento y comunicación con diez personas vinculadas a la investigación, cuyos nombres se dieron a conocer en la audiencia. 

Ahora, las partes tendrán cuatro meses para recolectar prueba y preparar la eventual instancia de juicio. 

Cabe destacar, que hace una semana, la misma Fiscalía realizó un allanamiento a otra residencia geriátrica, ubicada en calle Tucumán al 2100 y al día siguiente fue clausurado por el Municipio de Roca.

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