Editorial: Violencia, sí… marihuana también

“Los autorizados quedan facultados a hacer uso de la fuerza pública en caso de resultar estrictamente necesario para el cumplimiento de su cometido”.

El párrafo es textual de la orden de allanamiento emitida para revisar tres departamentos de las residencias de la Fadecs.

Alguna distorsión severa debe existir entre la interpretación que hacen en el Juzgado Federal y en las oficinas de la Policía Federal sobre el significado de “estrictamente necesario”.

De otra manera no puede entenderse el ingreso destrozando las puertas de acceso con un caño en vez de presentarse y anunciar que se trata de un allanamiento.

No se trata de desconocer que el factor sorpresa es clave en determinados procedimientos, sobre todo ante la presunción de que los allanados pueden oponer resistencia.

¿Perocuán difícil podía resultar a los 30 uniformados que llegaron al predio de la facultad controlar las acciones en departamentos de estudiantes, uno de ellos con exclusiva presencia de mujeres?

Esa irrupción fue determinante para que todo el operativo quedara signado por el sello de la violencia, en una época de alta sensibilización ante el accionar de las fuerzas de seguridad. Y desde entonces, la búsqueda de miradas desapasionadas sobre los hechos se tornó cada vez más difícil.

Ni siquiera las propias autoridades de la Fadecs pudieron evitar la tentación de anteponer los intereses particulares cuando redactaron el comunicado de repudio.

Allí cuestionaron la celeridad de la Justicia Federal para ingresar a las residencias y la compararon con el lento avance de la causa originada tras la toma del decanato.

Nada claro puede surgir cuando se mezcla un asunto penal con un conflicto político, que creció más bien por las incapacidades de la misma facultad para armonizar la convivencia interna que por la pereza de un juez para ordenar un desalojo.

Lo que no puede confundirse ni ocultarse es la importancia de la situación que se reveló con el procedimiento judicial.

En las residencias universitarias, que fueron creadas para ayudar con fondos públicos a los alumnos que acreditan mérito para seguir estudiando, alguien tenía plantas de marihuana creciendo en los patios.

Que hayan sido dos, tres o cuatro no quita peso a la irregularidad. Seguir esa lógica repite el error que muchas veces cometemos en los medios al titular: “Lo mataron para robarle 100 pesos”. Lo mataron para robarle. Punto. Si tenía 10.000 pesos el resultado era el mismo. La relevancia del caso roquense es que allanaron una facultad porque supuestamente había droga.

Por eso, la violencia inicial de la Policía Federal -que deberá ser merituada y en todo caso sancionada por la Justicia- no exime a las autoridades universitarias de la revisión de las conductas de quienes reciben la beca de residencia.

Tapar una situación con otra será un juego de suma cero. Demasiado para cerrar el año de mayor retroceso institucional en la facultad con más historia de Roca.

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