Editorial: violentar y hacerse el sorprendido

El sistema universitario nunca será una fuente genuina de nuevos dirigentes si cuenta entre sus filas a docentes y estudiantes que promueven una aplicación intermitente de las leyes.

La Universidad Nacional de Río Negro padece desde hace dos semanas las consecuencias de esa postura. Un grupo -minúsculo pero con la capacidad suficiente para imponerse por la fuerza- tomó las instalaciones del Vicerrectorado de la Sede Alto Valle-Valle Medio.

Llegaron allí quebrando una primera decisión democrática, porque una asamblea realizada pocos días antes había votado en contra de la ocupación de los edificios en Roca.

En principio explicaron que estaban ahí por tres reclamos: que se conozcan todos los números de la universidad, que cese la persecución hacia algunos profesores y alumnos, y que se revelen los detalles de la donación de un inmueble para la sede universitaria en Cipolletti.

Sin embargo, el eje de la permanencia en “La Casona” de Belgrano y Canalito cambió rápidamente. Durante la última semana el grupo puso como primera condición para liberar el acceso que se les permita tener acceso a la denuncia penal que presentaron las autoridades de la UNRN por la toma.

Una exigencia insólita, porque difícilmente cada uno de los que decidió apropiarse por la fuerza del edificio desconozca que su accionar derivaría en una acusación por usurpación.

¿Qué esperaban? No hay lugar para aparecer sorprendido ante la acción de la Justicia cuando el primer paso para reclamar se da por fuera de la ley.

Lo que también es contradictorio es la exigencia a las mismas autoridades de la UNRN para que hagan valer la autonomía universitaria, impidiendo que la Policía Federal lleve adelante un desalojo.

Es decir que para iniciar el reclamo se corrieron del sistema, pero para evitar las consecuencias piden aplicar en forma estricta la letra de las leyes.

De todas maneras existe un uso equivocado de ese principio, que establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. En este caso hay un juez competente y autoridades universitarias pidiéndole que intervenga.

Pero es importante aclarar que hasta el momento no hubo acciones tendiendes a desplegar un operativo para sacar a los manifestantes del edificio.

Allí también hubo una grosera desinformación desde el sector hacia la comunidad, porque fueron notificados sobre las actuaciones judiciales, pero no sobre un desalojo. Sería muy torpe que un juez avise a los protagonistas de una usurpación sobre un procedimiento en su contra.

Lo lamentable es que entre el absurdo reclamo de conocer la denuncia y el perjuicio institucional que están provocando, esos docentes y estudiantes están malgastando fuerzas para el tema más urgente y preocupante para la UNRN y el resto del ecosistema universitario: los recursos para terminar este año y garantizar el ciclo lectivo 2019.

Difícil de entender, salvo que los argumentos iniciales de la “ lucha” sean sólo una pantalla, para ocultar el interés de alterar la vida institucional de una universidad y posicionarse políticamente.

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