Editorial: Tasas, un reflejo político antes del azote

El invierno se adelantó para las cuentas del municipio de Roca. Los niveles de recaudación superiores al 70% en las tasas de Comercio e Industria serán parte de un pasado añorado.

El gobierno se ilusiona con cifras que no se derrumben por debajo del 40% en los próximos meses, cuando se sienta plenamente el efecto de la parálisis generada por el coronavirus.

Hay pesimismo en las proyecciones del gabinete local, pero ese estado no hizo mella aún en los reflejos políticos.

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La decisión de eximir del pago de sus obligaciones a todos los contribuyentes afectados por la cuarentena fue una reacción coherente con la realidad del sector comercial e industrial de la ciudad.

Lo que no puede ocultarse es que apenas una semana antes el mismo Ejecutivo había puesto paños fríos al pedido de la CAIC de rebajar un 50% las tasas, hablando de actuar con “extrema cautela” y en concordancia con decisiones previas de los gobiernos nacional y provincial.

“Es importante destacar, que la caída en la coparticipación federal de impuestos provoca un impacto severo en las finanzas municipales. El reacomodarse a esta nueva situación, también representa un gran esfuerzo”, se habían atajado desde el gabinete, presentando a la prórroga de vencimientos como su máximo esfuerzo posible.

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El paso abrupto desde esa “extrema cautela” a la eximición total del pago de tasas parece mostrar a un gobierno que está palpando la gravedad del problema y que, en consecuencia, decidió lanzar una señal de empatía antes de que llegue un azote inevitable.

En pocas palabras: la recaudación por tasas se iba a desplomar igual y ante esa certeza, lo mejor era presentarse como uno más de los perjudicados y no como un factor de presión para los bolsillos flacos de los emprendedores locales.

El desafío será, más adelante, desarmar este nuevo escenario.

¿Cuándo y con qué parámetros objetivos podrá decirle el municipio a un comerciante y empresario que la crisis terminó y que es hora de volver a pagar sus tasas?

El proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo habla de una medida para los meses de marzo y abril “con la posibilidad de extenderse en caso de continuar la restricción” de funcionamiento.

Las chances de que uno o varios contribuyentes reclamen mantener la eximición son altas y allí estará a prueba nuevamente la cintura política del gobierno, para hacer equilibrio entre la realidad económica y sus necesidades financieras.

Y hablando de sus cuentas, también hay que recordar que la tormenta llegó al municipio en un momento en el que hay números acercándose lentamente a las luces de alarma.

Los 1.323 empleados del Estado local demandaron en marzo una masa salarial de $ 70.543.000,78.

El Balance que ingresó la semana pasada al Concejo dice que los sueldos se llevaron en el 2019 un 63% de los recursos del municipio.

Con la recaudación propia -que el año pasado garantizó 213 millones- y la coparticipación en picada, esa relación se alterará y pondrá en crisis más de un proyecto de inversión previsto para este año.

Esta vez los números no son fríos. Esta vez los números hablan y dicen que este baile recién empieza.

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