Editorial: ser y parecer en política

La semana pasada se supo que una legisladora provincial, que además aspira a convertirse en intendenta, fue embargada por una deuda de patentes cercana a los $ 73.000.

Si las cosas fueran como parecen, en la familia de esa dirigente de Juntos tendrían razones para estar preocupados: la suma representa la mitad del sueldo promedio de bolsillo de un representante en el parlamento. ¿Usted podría vivir un mes si le podan el 50% de su sueldo?

Pero en política las cosas no son como parecen. Y nadie duda que Tania Lastra pasará Navidad y Año Nuevo sin demasiadas preocupaciones, al menos desde el punto de vista económico.

Esa capa oscura que envuelve a las remuneraciones en los escalones superiores de la actividad pública debería estar entre las primeras cosas a eliminar si pretendemos algún día mejorar los niveles de calidad institucional.

Y no se trata de un problema exclusivamente del Estado provincial. A nivel nacional el gobierno anunció la semana pasada una poda del 20% de los 3.500 cargos políticos, “como una señal de austeridad”.

Lento de reflejos el equipo presidencial, que se dio cuenta dos años después del excedente de 700 sueldos.

En el ámbito municipal no estamos mucho mejor. Mientras Nación admite que paga mucho por trabajos poco relevantes, en Roca los concejales cobraban hasta hace poco $ 17.000 mensuales.

No hay mejor manera de evitar las suspicacias que transparentar los escenarios.

Obviamente, algunos ediles tienen desde hace tiempo una segunda función en el sector privado. Eso les garantizó un ingreso principal, pero la que perdió fue la ciudad, por tener un edil “part time”.

Pero lo que seguramente pocos saben es que los concejales de Roca ya no ganan $ 17.000, sino que ahora perciben unos $ 32.000 mensuales.

Esto fue posible porque en mayo se modificó el porcentaje de base para el cálculo de esos haberes, llevando el monto a una cifra más acorde a la responsabilidad que ostentan.

Obviamente , la decisión se tomó sin informar oficialmente a la comunidad. Y ahí está el problema, porque no hay mejor manera de evitar las suspicacias que transparentar los escenarios. Acercar mucho más el “ser” al “parecer”.

Ocurre que pagar remuneraciones acordes a la responsabilidad y garantizar el libre acceso a la información sobre los sueldos también eleva la vara de la calidad en la gestión pública.

Si todos sabemos cuánto gana un legislador o concejal y al mismo tiempo sabemos cuánto trabaja, menor será el margen que tendrán para eximirse de responsabilidades cuando los resultados estén lejos de la eficiencia.

Mientras eso no ocurra, habrá deudas de $ 73.000 que no generen más que la vergüenza del escrache público, habrá vecinos creyendo que los concejales viven con mágicos $ 17.000 y habrá “gestos” nacionales de austeridad de corto alcance.

Pero sobre todo, habrá desconfianza entre el vecino de a pie y “los políticos”. Y así siempre será más difícil pensar en la renovación, indispensable para que en los cargos públicos haya más gente con ganas de mostrar que de esconder.

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