Editorial: obligados a cambiar de libreto

Un camino de varios años sobre la cornisa terminó esta semana en una incómoda salida judicial para la dirigencia de ATE y de la CTA Autónoma.

El cuarto de millón de pesos que donarán al hospital López Lima y los 32.000 pesos de reparaciones económicas para funcionarios y policías afectados en manifestaciones no serán parte de las preocupaciones centrales.

El desafío está puesto en las pautas de conducta acordadas en los tribunales federales, que establecieron varias restricciones para los gremios y organizaciones que integran la central.

Durante dos años, el secretario general, Rodolfo Aguiar y otros 13 dirigentes no podrán cometer nuevos delitos y en particular no desarrollar, promocionar, motorizar, auspiciar o de cualquier modo avalar cualquiera de las acciones por las cuales terminaron imputados en una decena de causas penales, iniciadas por más de 30 hechos que protagonizaron desde el 2016 en adelante. Tampoco podrán acercarse a menos de 300 metros de cualquier instalación de YPF, como tampoco impedir sus actividades, como lo hicieron en abril del 2017 en Allen.

Ver más: Probation para Aguiar y 14 dirigentes para cerrar causas por 30 delitos

Un verdadero corset judicial, para un sector sindical y político que durante la última década se hizo cada vez más visible por protestas que desafiaron una y otra vez las normas vigentes.

La conducción de ATE y de la CTA exhibió el acuerdo como “uno de los mayores avances logrados para poner límites a la criminalización de la protesta en la provincia”. Una salida lógica, que no explica el mensaje político que lleva implícito la decisión: están dispuestos a ofrecer dinero y aceptar pautas de conducta antes que arriesgarse a juicios que podrían terminar con penas de prisión.

Y se trata de un enorme desafío para Rodolfo Aguiar y su círculo más cercano, porque tendrán que diseñar un esquema de reclamos sin ninguno de los mecanismos que durante años transmitieron como fórmula infalible para conseguir un resultado.

En síntesis, deberán enseñar a sus militantes un nuevo lenguaje para la protesta social. Decirles que la receta aplicada durante años quedó obsoleta. Y hacerles entender que cualquier escape de esos límites puede poner en riesgo la libertad de ellos.

La primera prueba sobre lo difícil que será esa tarea se dio el viernes pasado, cuando la Organización de Desocupados en Lucha (Odel) estuvo a punto de saquear un supermercado. Acostumbrado a la luz verde para imponer sus pretensiones con violencia, el titular de ese grupo que forma parte de la CTA no advirtió que la paz social que estuvo a punto de alterar incluía también la armoniosa relación entre su jefe político y el gobierno provincial.

De manera forzosa, la nueva etapa está en marcha. Pocos esperan un camino sin protestas. Pero con más diálogo que gritos y con una defensa de derechos que no avasalle los derechos de terceros seguramente se dará un buen primer paso.

  • Un camino de varios años sobre la cornisa terminó en una incómoda salida judicial para la dirigencia de ATE y de la CTA.

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