Editorial: datos abiertos, pero a regañadientes

El libre acceso a la información pública volvió saludablemente a la agenda de debate político en Roca, a partir de dos acciones emprendidas por dirigentes opositores al gobierno municipal.

La administración local nunca demostró amplia predisposición para mostrar los números de su gestión y desde la UCR y Juntos Somos Río Negro encontraron allí un flanco débil para incomodar al oficialismo.

Unos fueron por el camino de la Justicia (con un paso en falso inicial) y los otros con un pedido de informes (con más objetivo mediático que institucional).

Más allá de las recurrentes teorías conspirativas que construye el sorismo, no hay razones para creer que se trató de una acción coordinada, por una sencilla razón: entre el primer reclamo judicial del radical Daniel Balduini y el pedido de informes de los legisladores Alejandro Palmieri, Tania Lastra y Norma Coronhay 15 meses de diferencia.

Podría alegarse que los representantes de Juntos advirtieron que Balduini iba por buen camino y se montaron a la idea de potenciar la imagen de un intendente poco transparente, pero de allí a pensar y hacer decir que hubo un plan coordinado -incluso con la participación de la prensa- ofrece una prueba bastante clara de lo alto que vuela la imaginación del oficialismo.

El tema es bastante más sencillo. La oposición encontró un punto donde el jefe comunal aparece lejos de los gobernantes modernos y -en plena etapa preelectoral- se intentó que las críticas llegaran lo más lejos posible.

Ni más ni menos que las acciones del mismo Soria y todos los dirigentes que lo rodean cuando replican el latiguillo que ubica a Weretilneck como “el mejor alumno de Macri”. Retórica pura, sin otro objetivo que ganar terreno desacreditando al adversario.

Pero parece ser que tan errado no era el camino de los opositores (al menos de Balduini), porque el propio Soria firmó una resolución hace diez días, para permitirle el acceso a todas las resoluciones que reclamaba.

Claro que no fue un acto simple y llano de reconocimiento de derechos, sino que la admisión llegó con obstáculos.

El dirigente radical tendrá que ir al municipio en horarios acotados, leer los documentos y si pretende copia de alguno, deberá pagarla.

Una puerta abierta, pero a regañadientes y con un celoso control. Nada de esto ocurriría si la ciudad dejara atrás los mecanismos arcaicos y sancionara una normativa local de acceso a la información pública, garantizando el libre acceso a todas las decisiones de gobierno a través de la web y estableciendo pautas claras para los plazos de entrega de los datos requeridos, con sus correspondientes sanciones por incumplimiento.

El primer paso hacia ese destino se dará cuando el oficialismo entienda que la información sobre los actos de gobierno no le pertenece y por lo tanto, no puede ocultarla ni obstaculizar el camino para conseguirla.

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