Editorial: contaminación y falsas promesas

De espaldas a los vecinos. Con más debates entre abogados que entre ingenieros. Con millones de pesos que se repiten en anuncios, sobre todo en tiempos de campañas electorales, pero que no lograr hacerse realidad. Así transcurre la política ambiental ligada a los esenciales servicios de agua y cloacas en la ciudad.

Cuatro amparos presentados durante los últimos años en la Justicia no fueron suficientes para enderezar el rumbo de las acciones y ponerlas en línea con las demandas de una población que crece y reclama por el derecho a una ciudad sin contaminación.

Durante todo el 2017 el gobierno provincial mantuvo a los roquenses con la expectativa de una solución integral para los continuos desbordes cloacales y los recurrentes cortes en la provisión de agua potable.

El famoso Plan Director parecía haber ingresado con el pie derecho a la agenda del gobierno nacional, con un convenio firmado a fines del 2016 que prometía licitaciones para mediados del año pasado y obras para fines del 2017.

Sin embargo, lo que llegó hace un mes fue la confirmación de que no había presupuesto para los trabajos y que tampoco existían certezas sobre la disponibilidad de los más de 500 millones de pesos necesarios para este 2018.

Con un Departamento Provincial de Aguas poco propenso a las explicaciones públicas sobre sus proyectos, no hay razones para ser optimista y creer que las soluciones llegarán rápido. Miles de roquenses que a diario padecen las consecuencias de un sistema cloacal colapsado deberán seguir esperando. Sumado a eso, durante los últimos días quedó a la vista de los vecinos otro problema importante.

La falta de controles sobre una actividad regulada por el Estado hizo que uno de los desagües más importantes de la ciudad recibiera descargas de líquidos cloacales, aparentemente arrojados por un camión atmosférico.

Las irregularidades fueron denunciadas por el defensor del Pueblo adjunto, César Domínguez, en el marco de una presentación judicial que también cuenta con el testimonio de vecinos, que detallaron la presencia de un vehículo con mangueras en la zona cercana al INTA Viejo.

Como en tantas otras oportunidades, los organismos provinciales corren desde atrás los problemas. El DPA tendrá que sumar estos daños a la extensa lista de asuntos por resolver en Roca, con plazos ajustados impuestos por la Justicia.

De hecho, el organismo -junto a la empresa ARSA- debería tener listo para los próximos días el primer informe exigido por la jueza María del Carmen Villalba, para detallar las acciones que se desarrollaron en pos del saneamiento del Desagüe P IV, que el año pasado contaminó una zona de 15 kilómetros de extensión.

Como en los casos anteriores, la Provincia buscó extender la discusión, apelando el fallo de primera instancia. Pero no le fue bien y el 29 de diciembre se ratificó la orden inicial. Ahora deberá demostrar qué tan alto es el interés por poner fin a la contaminación en la ciudad.

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