Causa Arbos: claves para entender el fallo de la Corte

Por Ricardo Barreiro*

Ya se difundió la información básica sobre lo que resolvió recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa llamada “Arbos”, en la que el Tribunal Oral Federal de esta ciudad condenó a varios connotados dirigentes del ámbito político-sindical de Bariloche.

Las páginas de distintos medios registran, además, declaraciones de algunas personas con vinculación a la causa en las que afirman, y lo hacen con gran énfasis, que la decisión suprema ha liquidado el juicio y que no hay manera de que éste pueda continuar. Sobre esa base asientan, en elípsis poco sutil, una inocencia que ningún tribunal ha declarado hasta ahora.

Para abrir el fallo a la comprensión general parece oportuno señalar algunas de sus claves, explicando a su vez lo que podrían significar en el lenguaje no siempre llano de la Corte.
La primera señal es que la decisión está firmada por la ajustada mayoría de tres de los jueces supremos, dato que podría indicar la existencia de un debate interno, no zanjado, acerca de los términos de la sentencia, bien que los dos jueces restantes no expresaron opinión alguna.  Ello podría tener, acaso, relevancia futura por lo que luego se dirá.
Avanzando en el contenido del fallo, lo que allí se descalificó fue la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que había convalidado las condenas impuestas por los jueces de General Roca. La crítica que la Corte hizo a la sala de la casación  —no al TOF de Roca por cierto—   fue que, sin haber rotulado como abusiva la interposición de numerosos recursos de todo tipo y ante todas las instancias por parte de las defensas de los imputados, dijo que el largo tiempo transcurrido desde el inicio de la causa hasta su finalización no vulneraba la garantía constitucional de ser juzgado en un plazo razonable. En otras palabras: si un proceso se alarga por efecto de una actividad  de las defensas que abusan de la facultad de recurrir, el mayor tiempo que dura el proceso podría verse justificado en esa actitud desleal;  en cambio  si el tribunal de casación dice  —como parece haber dicho—   que el ejercicio de la defensa fue regular, entonces —concluyó la corte—  no podía decirse al mismo tiempo que estaba justificado el alargamiento inusitado del proceso judicial. La Corte vio, en esa contradicción, una falla de fundamentación y anuló esa sentencia por razón de la arbitrariedad encerrada en ese razonamiento defectuoso.
El dato más que interesante está dado por el hecho de que la Corte no dijo, ni insinuó siquiera elípticamente, que en este caso la duración del juicio había resultado excesiva. Razón que obliga a ser prudentes a la hora de sacar conclusiones acerca de si, para el alto tribunal, se vulneró o no la garantía a ser juzgado dentro de tiempos razonables.
Por último hay que hacer notar que los tres supremos, en sintonía con este silencio acerca del respeto o vulneración de esa garantía, ordenaron a la cámara de casación que, por intermedio de otros jueces, vuelvan a resolver el recurso de casación  “conforme a derecho”.
La expresión entrecomillada es de toda relevancia y por ello debe ser apreciada como una clave importante, puesto que  debe tenerse en cuenta que en casos precedentes en los que la Corte constató una demora inconciliable con la garantía antes mencionada decidió, directamente, declarar la prescripción de la acción penal (consultar Fallos: 323:982) y en otros mandó a que el tribunal inferior a ella así lo declarase (consultar Fallos: 330:3640).
Aquí, llamativamente, no hizo nada de eso. Conviene remarcar entonces que cuando la Corte dispone que la causa ha prescripto con motivo de un alargamiento injustificado del proceso tiene esas dos formas de expresarse:  lo resuelve en forma directa ella misma o lo hace indirectamente, ordenando que el tribunal inferior emita un nuevo fallo con arreglo al criterio que la propia corte le señala (lo que técnicamente se denomina “reenvío”).
En la causa “Arbos” la corte no hizo lo uno ni lo otro, sino que, sin decir que la causa estaba prescripta,  consideró arbitraria la decisión de la Sala III de la casación y devolvió el expediente para que otra sala resuelva “conforme a derecho”, es decir, para que renueve el examen del recurso de las defensas de los imputados y dicte una nueva sentencia, pero sin señalarle un camino de acción determinado.
En conclusión debe entenderse que la sentencia de la Corte no ha dado por terminado el asunto y la suerte de los imputados no ha sido decidida de manera definitiva, de modo que el próximo capítulo de esta historia está por venir.
Si la nueva sala de la casación calificase como desleal la actividad de las defensas al interponer decenas de recursos a lo largo de todo el proceso  —lo que perfectamente podría hacer pues no está ceñida a criterio alguno de la Corte en tal sentido—, bien podría tener un final distinto del que la difusión de la noticia ha dejado entrever, en la que el énfasis estuvo colocado, lógicamente, en que el fallo permite, hoy, la libertad de las personas involucradas en el delito por el que fueron condenadas. No está dicha la última palabra.
*Juez de la Cámara Federal de General Roca

 

 

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