Trabajadores de una cooperativa en alerta, ante un posible desalojo

Desde el aserradero «1 de Mayo» dieron a conocer sobre una nueva instancia judicial convocada en la última semana, tras la apelación de uno de los propietarios del edificio quien reclama las instalaciones de esa fábrica recuperada, ubicada sobre calle Alsina al 2900.

Los más de 30 trabajadores del aserradero mantienen la pelea por la expropiación de edificio y sus maquinarias hace casi nueve años, y ahora, según confirmó Osvaldo Nahuel, el representante legal de los trabajadores, «una nueva acción legal buscará sacarlos del lugar».

La Cámara de Apelaciones, a cargo del juez Dino Maugeri, fijó una audiencia para mañana miércoles 2 de octubre a partir de las 10 en el marco de la causa que se sigue por esta empresa.

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Es que Mario López, uno de los que reclama la propiedad, apeló el fallo de la jueza María del Carmen Villalva de mayo de este año (que había desestimado el desalojo) y solicitó la revisión de la sentencia.

Según comentó el letrado, la pretensión de los integrantes de la cooperativa es «inconciliable» en relación al pedido de que la empresa se traslade a otro lugar.

De la audiencia también participará un representante del Municipio, para debatir la posibilidad de ceder un terreno que permita la reubicación del aserradero.

«Los trabajadores están muy asustados ante esta situación. Son más de treinta familias las que dependen de esta cooperativa. Ellos han trabajado mucho para recuperar la empresa y saldar todas las deudas. Viven el día a día y no pueden parar de trabajar ya que el lo que les permite seguir en pie», agregó Nahuel.

Cabe recordar que los obreros se habían hecho cargo de la empresa en 2010, tras la quiebra, y desde ese momento afrontaron un juicio de desalojo en el Juzgado Civil N°1. El 7 de mayo pasado la justicia dictó sentencia a favor de la cooperativa, donde se desestimó el pedido de desalojo.

Por otro lado, durante años los trabajadores solicitaron al Gobierno Provincial que cumpla con la Ley de Expropiación aprobada en el 2015 en la Legislatura, la cual declaró de utilidad pública las tierras y las maquinarias. Finalmente el proceso nunca se llevo a cabo.

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