¿Quien se hace cargo de la vida de los presos?

La muerte de un joven en la comisaría N° 21 y el inicio del juicio por el fallecimiento de otro en la 3°, reavivó el debate.

¿Quién se hace cargo de la vida de los presos, de los adultos y los menores de edad?, ¿quien debe velar por su seguridad?, ¿alcanza con sacarle los cordones y el cinto para que no se lastimen?, ¿los policías están capacitados para “tratar” a los presos?, ¿los detenidos en estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o con brotes psicóticos, deben ir directo a un calabozo o primero tienen que ser revisados por un médico o atendidos en el hospital?
Todas esas preguntas y muchas más están en el candelero luego de que se conociera la muerte de un joven en la comisaría Nº 21 y el anuncio del inicio juicio contra cuatro policías por el fallecimiento de un adolescente en la comisaría 3ª hace casi 10 años. Precisamente en la última década, Roca es la ciudad de la provincia con más muertes en comisarías: 4. (ver aparte)
El debate sobre cómo la policía debe tratar a los presos y particularmente a los que están en condiciones de vulnerabilidad, volvió estar sobre el tapete. Es que sus familias continúan exigiendo que se garanticen sus derechos y sus vidas no dependan de las capacidades o el humor de los agentes policiales de turno.
“La Comuna” intentó comunicarse con la cúpula de la Regional II, pero no hubo respuestas.
Este escenario además tiene otros actores como los fiscales, los defensores oficiales, los defensores de menores y hasta los jueces de Ejecución.

¿Qué pasó con el lavacoches?
¿Quién debía velar por la seguridad de Carlos Salazar el muchacho que fue detenido el fin de semana pasado y se habría ahorcado con una remera manga larga. El lavacoches fue detenido en la madrugada del domingo junto a otro hombre por una contravención porque ambos estaban peleando en la vía pública.

Los dos fueron derivados a la comisaría Nº 21, donde fueron alojados en calabozos distintos. Cuando el cuartelero estaba terminando de fichar a uno de ellos y fue a buscar al Salazar, lo encontró colgado de la reja de una ventana con la manga de un buzo que vestía.
Cuando intentaron reanimarlo, ya no tenía signos vitales. La causa está caratulada como “muerte dudosa” y en los últimos días se tomaron medidas relacionadas con la investigación: se realizó una inspección en el lugar del hecho para buscar nuevos indicios que aporten al caso, se tomaron muestras de fluidos biológicos y ADN de contacto en los sectores vinculados directamente a la investigación y además se enviaron muestras tomadas al Laboratorio Regional Forense con sede en Chubut para realizar estudios histopatológicos y toxicológicos para poder determinar fehacientemente la causa de la muerte.

Casi 10 años después, el juicio
En octubre de 2008 ocurrió un hecho similar, que derivó en la investigación a cuatro a policías que comenzarán a ser juzgados desde hoy viernes por homicidio culposo.
Matías Molina, que tenía 17 años, fue detenido el 31 de octubre cerca de las 16 porque estaba realizando desmanes en el estacionamiento de un hipermercado en aparente estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.
El adolescente fue trasladado hasta la antigua comisaría Tercera, donde quedó alojado en soledad en un calabozo. Según la acusación fiscal, el médico policial fue convocado tres veces y cuando se hizo presente para examinar al adolescente, encontraron al joven ahorcado en una reja del calabozo con la manga de su propia camisa.
“En el período que va desde su detención y traslado a la unidad policial, hasta el hallazgo en posición de ahorcamiento, Molina no habría sido revisado por ningún otro médico ni trasladado al hospital local para su atención, teniendo en cuenta el estado de incoherencia que mostraba, según el relato de testigos”, sostuvo la parte acusadora.
Los policías que serán llevados a juicio son A Roberto García, que en ese momento era el jefe de la comisaría Tercera; Luis Neguimán, subjefe de la unidad; Héctor Fernández, oficial de servicio; y el cuartelero Hugo Paillalef.

Las obligaciones del Ministerio Público

El Ministerio Público de Río Negro dispone de diversas instrucciones que sirven de eje para la función de defensores y fiscales en cuanto a la protección de personas detenidas o en cumplimiento de una condena que implique la privación de la libertad. Ambos Ministerios, por disposición de la Procuración General, “deben ejercer un rol activo en la tramitación del procedimiento de ejecución de la pena”, lo que implica estar presentes allí donde las personas están detenidas, verificando tanto las condiciones de los espacios físicos como de los hombres y mujeres que se encuentren privados de su libertad.
Ante las condiciones de vulnerabilidad, es importante que cada detenido sepa que tiene derecho a un abogado y que si no cuenta con los medios necesarios para ello, el Estado puede brindarle uno a través del servicio de la Defensa Pública. Esta obligación de informar, el nuevo Código Procesal Penal la pone en cabeza de los funcionarios judiciales y, también, de la policía, todos quienes deben comunicarlo de manera clara y comprensible.
Un apartado especial, lo constituyen aquellas detenciones por contravenciones, cuyos responsables tienen igual derecho a un abogado defensor. Además deben recibir atención médica inmediata de presentar alguna alteración en su salud psicomotriz.

La familia de Matías Molina esperanzada en lograr justicia para su hijo

“Me lo mataron. Le pegaron una paliza y después lo colgaron a casi tre smetros y medio de altura en el calabozo, con su propia camisa”. Así es la historia que cuenta José Molina, papá de Matías (17), el joven hallado sin vida en la Comisaría 3° en 2008.
Hace 9 años y 7 meses que José, exempleado del Servicio Penitenciario Federal durante 26 años, espera sin bajar los brazos “que se haga justicia” por su hijo, cuya muerte se encuadró en un “suicidio” porque apareció colgado, pero aún no fue esclarecida. Hoy comienza el debate oral y público contra cuatro policías.
El joven estudiaba en el CEM 9 y sufría adicción a las drogas, estaba en recuperación. Había estado internado y en ese entonces se encontraba en pleno proceso de abstinencia, lo que le provocaba alucinaciones, contó su papá. “Se perdía”, admitió. “Mi hijo no se quería cortar la vida, el vivía con su mamá en el tercer piso en las 500 Viviendas. Si se hubiese querido matar lo hacia ahí o bien no hubiese intentado salir de las drogas. El tenía proyectos, le gustaba la música, había empezado la iglesia evangélica, estaba en el coro, iba a ser padrino de su sobrinito”, contó José.
Ahora siente que pelea como “una hormiga contra un elefante, contra la policía de la provincia, contra los juzgados, el fiscal…”. No obstante, se prepara con fe para el juicio.
“Confío en dios, quiero justicia por mi hijo, y que haya un precedente. No me lo van a devolver, pero esto no puede volver a suceder. Siguen habiendo casos y nadie hace nada, ni los jueces ni los fiscales, ni la policía se instruye como tendrían que hacerlo”, señaló. Para él una sentencia justa sería “homicidio simple agravado” que tiene una pena de 8 a 25 años de cárcel.

En una década, cuatro muertes en dos comisarías

Se trata de jóvenes de entre 17 y 35 años en su mayoría varones, los que aparecieron muertos en comisarías de Roca en los últimos diez años, mientras permanecían detenidos por contravenciones.
El primer caso registrado por el Observatorio de Derechos Humanos fue el de Marcelo Núñez de 33 años en la Comisaría 21, en junio del 2008.
Cuatro meses después ocurrió el supuesto suicidio de Matías Molina de 17 años en la Comisaría 3° que fue hallado colgado en su celda.
Poco después, apareció sin vida Dina Marquez, acusada de hurto, de 23 años, en la comisaría 3°, la única mujer.
El último caso ocurrió hace unos días, con la noticia del fallecimiento de Carlos Guzmán Salazar en la unidad 21, joven de 25 años, lavacoches.
Estos “suicidios” son parte de una alarmante estadística en la provincia, que contabiliza ya diez decesos en diez años. Roca es la ciudad con más casos. Los otros fueron en Viedma (2), Cipolletti (2), El Bolsón (1) y Lamarque (1).

“El sistema de seguridad falló, no cuidó esas vidas”

Las “prácticas de suicidio” no son normales ni naturales, desde la perspectiva del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.
Ana Calafat, abogada y referente de ese organismo puso en duda que sean suicidios.
“En el caso de Matías Molina, ingresa a la comisaría pero no debió ingresar nunca, estaba teniendo una alucinación. Lo traen y en casi 15 minutos, se suicida. Nunca había manifestado la intención de matarse”.
“El joven podría llegar a tener algún problema de salud pero no una intención de suicidio”, alegó sobre el caso , que desde hoy comenzará a ser juzgado en los Tribunales de esta ciudad.
“En general son chicos pobres, que tienen algún oficio, que la familia no se hace cargo, no se preocupa o que no tienen poder de incidir”, observó Jimena Haro, también integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.
Calafat dijo que quien está a cargo de las vidas de los presos en comisarías es el Estado.
“El que falló fue el sistema de seguridad que no cuidó esas vidas”, apuntó.
Y agregó que “el Poder Judicial debería no legitimar ese hecho”, e investigar.
El preso “es responsabilidad del Estado, porque el Estado lo llevó allí y este no puede no preocuparse y decir simplemente ‘se murió, se suicidó’. Esta respuesta deja en una situación de mucha vulnerabilidad a muchos sectores”, lanzó.
“Si una parte del Estado falla, que otro poder (como el judicial) lo justifique quiere decir que a esa violencia física le sumamos una violencia simbólica, y esto es mil veces más grave”, opinó.
“Cuando se abren investigaciones se cierran al poco tiempo y no se hacen exhaustivamente”, agregó Calafat.
“Es muy importante que el poder judicial investigue, esclarezca el hecho, que se garantice la verdad y que haya sanción, sino hay impunidad”, puntualizó la referente del Observatorio.

¿Qué sucede adentro?

“No creo que haya algo misterioso en las comisarías que despierte en 15 minutos el deseo de suicidarse y se concrete el hecho. Todo me hace creer que se cometió un homicidio”, advirtió Calafat.
“Si hay algo misterioso por lo cual los suicidas en Río Negro van a las comisarías a suicidarse”, dijo irónicamente y continuó “pues el Ministerio de Seguridad también deberá estudiar, porque han optado los suicidas ir a suicidarse a ese lugar”.
Haro puntualizó además que “hay una conducta repetitiva en las fuerzas de seguridad, que utilizan la violencia como una forma de adoctrinamiento. Es una forma perversa de transmitir un mensaje contra los sectores excluidos”, dijo aunque reconocieron ambas que existen policías que cumplen bien sus funciones.
“Hay una permisión por parte del Estado a un libre albedrío a la policía y todas las fuerzas de seguridad. Se agravó con la llegada del gobierno de Macri, quedó liberada la actividad de la policías”, apuntó la referente de Derechos Humanos.
“Hay que sentarnos realmente a ver qué está pasando con los suicidios. No podemos quedar indiferentes ante este hecho”, concluyó Calafat.

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