Probation para Aguiar y 14 dirigentes para cerrar causas por 30 delitos

ATE y la CTA Río Negro pagarán $ 250.000 y prometen no cometer delitos por dos años. Hubo un acuerdo en la Justicia Federal de Roca.

Los principales dirigentes de la CTA autónoma de Río Negro aceptaron hoy pagar 250.000 pesos y realizar mejoras en distintos edificios públicos para evitar que lleguen a juicio diferentes causas penales que tramitaban en la Justicia Federal.

El acuerdo se cerró este martes por la mañana en los tribunales de San Martín y España, en el marco de una audiencia con la participación de los imputados, funcionarios nacionales y representantes de empresas que presentaron denuncias, el juez Hugo Greca y el fiscal federal, Alejandro Moldes.

Los expedientes se habían originado en numerosas manifestaciones realizadas por la CTA Autónoma en el Alto Valle, muchas de ellas bajo modalidades violentas que implicaron agresiones e intimidaciones a funcionarios y empleados.

También se encontraban en análisis los hechos ocurridos en Allen, cuando afiliados al gremio ATE y miembros de otras organizaciones tomaron instalaciones de la empresa YPF, además de protestas en Senasa, Anses y Desarrollo Social de la Nación.

Según informaron desde este último organismo, el secretario general de la CTA, Rodolfo Aguiar, y varios dirigentes, estaban imputados por delitos de usurpación, lesiones, lesiones graves, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad y amenazas.

“En un diálogo sincero con ATE, la fiscalía y representantes de otros organismos logramos arribar a un acuerdo, en el cual solicitamos que se haga una donación al hospital, por la suma de 250.000 pesos, que comenzará a pagarse desde este mes. Y además se acordó la reparación de los organismos donde hubo daños”, explicó el abogado de Desarrollo Social, Nicolás Suárez Colman.

El representante del organismo nacional también informó que “se estableció un impedimento por el plazo de dos años para realizar manifestaciones bajo las modalidades denunciadas” y en ese marco, la conducción de la CTA asumió el compromiso de modificar la forma de realizar sus reclamos.

“Estamos dispuestos a escuchar, al diálogo y a dar respuestas a los trabajadores. Nunca hemos estado negándonos a eso, así que nos parece que empieza una etapa importante para establecer otro tipo de vínculo con el gremio”, concluyó.

La mirada gremial

Desde el sector sindical también dieron a conocer su punto de vista, considerando que la suspensión de juicio a prueba fue “uno de los mayores avances logrados para poner límites a la criminalización de la protesta en la provincia”.

Desde ATE y la CTA se detalló que además de Aguiar había otros 14 dirigentes sindicales y sociales involucrados, lográndose evitar todos los juicios federales que tenían pendientes por la imputación de más de 30 supuestos delitos cometidos desde el año 2016.

“Se trata de un acuerdo ampliamente satisfactorio que nos permite evitar un juicio en más de 30 causas en las que la justicia pretendía llegar a procesarnos por el simple hecho de reclamar mejoras laborales y sociales. Se nos imputaban delitos federales gravísimos. Sin dudas que esta decisión del Juez Greca pone límites al grave proceso de criminalización y persecución judicial que padecemos desde hace tiempo en la provincia”, indicó Aguiar.

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