Ocho años después de la toma, declaran prescripta la única condena

La Justicia avanza para cerrar la causa por la ocupación de lotes en el barrio Villa Obrera de Roca. La defensa dice que el fallo inicial buscó un efecto “disciplinador”.

La Justicia provincial avanza para cerrar la causa penal iniciada ocho años atrás por la toma de tierras públicas y privadas e nel barrio Villa Obrera de Roca.

Días atrás la jueza de Garantías subrogante, Margarita Carrasco, envió una notificación a las partes en la que indica que declara prescripta la pena dictada contra el referente del asentamiento, Martín Olivera.

En sus argumentos, la magistrada sostiene que “ante la posibilidad de prescripción de la pena impuesta, se actualizaron los antecedentes del condenado, no surgiendo la comisión de ilícito alguno”.

De esta manera se llegaría a la etapa final para un proceso que llevó cerca de ocho años y que se inició luego de la ocupación que realizaron 32 familias a fines del 2009, en la franja de tierras ubicadas entre calle Alem y el Canalito y entre Damas Patricias y Rosario de Santa Fe.

En diálogo con “Río Negro”, la abogada de Olivera, Victoria Naffa, recordó que inicialmente los procesados fueron seis, por usurpación de tierras y hurto de energía eléctrica, aunque al final sólo se condenó a Olivera.

“Nosotros entendimos que fue una pena más disciplinadora, porque era el referente del barrio. El juez (Juan Pablo) Chirinos lo condena por su referencialidad, por haber dicho que no se iría del lugar y eso para el juez fue un reconocimiento del delito, lo cual violó varias garantías, como haber interpretado dichos del imputado en su contra, lo que está prohibido, entre otras cosas”, explicó la abogada.

Naffa agregó que el delito de usurpación tiene varias interpretaciones.

“En este caso concreto había algunos puntos a tener en cuenta, como el estado de necesidad de las familias y la falta de respuestas a todos los reclamos que se hicieron ante el municipio, previo a la toma”, detalló.

La abogada agregó que el otro punto fue el “estado de abandono de los predios que excluye la posibilidad de delito porque nadie está teniendo la posesión de esa cosa, lo que es un requisito importante para el delito de usurpación”.

“Justicia por mano propia”

Según manifestó Naffa, el fallo de Chirinos fue muy “paradójico” porque “declara la absolución” de los que estaban en los terrenos del municipio y lo hace con un argumento muy llamativo que terminó siendo “muy perjudicial para otros asentamientos”.

“En ese fallo dice que no condena a los vecinos que estaban en el terreno del municipio porque el Ejecutivo pudo haberlos desalojado por sus propios medios y no lo hizo. O sea que terminó interpretando que el municipio tenía un derecho de desalojar a personas previo a cualquier acción judicial”, dijo.

Esa medida inicial benefició a los vecinos de Villa Obrera en una primera instancia, pero “nosotros advertimos que es un mal precedente para los procesos de tomas que se dan en distintos lugares de la provincia, porque hay un juez que está llamando a desalojar sin garantías procesales”, argumentó.

Como ejemplo de estas situaciones mencionó el desalojo en barrio Belgrano llevado adelante por el municipio roquense y el desalojo en la zona de bardas de Mainqué por parte del intendente, Miguel Petricio. “Se termina aplicando una medida de justicia por mano propia”, afirmó la abogada.

  • La toma fue protagonizada por 32 familias, pero la mayoría de los vecinos terminaron absueltos y sólo el referente Olivera fue condenado.

“El caso marcó un mal precedente para los procesos de tomas. Hay un juez que está llamando a desalojar sin garantías procesales”. Victoria Naffa, abogada defensora del imputado.

“Nunca les interesó hacer aplicar la pena”

  • La condena de prisión en suspenso, pautas de conductas y trabajo comunitario impuesta a Martín Olivera fue apelada y en el transcurso de la apelación prescribió la pena.
  • “Eso nos da la pauta que el juicio mismo había tenido un carácter de show por un lado y disciplinador por el otro. Nunca les interesó hacer aplicar la pena concreta e incluso demuestra una estigmatización de las personas en los asentamientos”, aseguró la abogada defensora del referente de la toma.
  • Finalmente mencionó que durante los años en que se llevó adelante el juicio, el municipio de Roca decía que no podía regularizar las tierras porque el barrio estaba judicializado. “Ahora el barrio ya no está más judicializado, por lo que deberían regularizar las tierras y llevar los servicios”, pidió.

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