Más de la mitad del salario de los inquilinos se va en el alquiler

Piden la regularización del mercado para proteger a unos 140.000 inquilinos rionegrinos.

En medio de un contexto complicado para los inquilinos, la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR) volvió a exigir la media sanción de una norma nacional que los proteja, y que se transformó en deuda de parte del Congreso de la Nación.

Exigieron principalmente al diputado nacional Daniel Lipovetzky (Cambiemos), que deje de obstruir el debate para que se apruebe la Ley Nacional de Alquileres, que tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2016.

“Hoy tenemos una fuerte caída del mercado interno, el cierre de locales comerciales, tarifazos en luz y gas, especulación inmobiliaria, el cobro ilegal de la Comisión Inmobiliaria, y aumentos indiscriminados (…) Eso hizo que el salario pierda rápidamente poder adquisitivo en relación al alquiler”, aseguraron desde la UIR.

En enero, según la encuesta de la Federación Nacional de inquilinos, el 41% del salario se destinaba al pago del alquiler. En agosto el porcentaje a nivel nacional trepó 5 puntos, llegando al 46%, según datos de la segunda encuesta Nacional. Hoy la cifra roza el 50%, a 64% en Río Negro, generando endeudamiento, rescisiones anticipadas, e incluso juicios de desalojo.

“En nuestra provincia tenemos el 21% de la población que paga alquiler, y sufren día a día los aumentos unilaterales, sin tener en cuenta que el salario ya o vale lo mismo que hace dos años.

A nivel nacional, la Federación Nacional de Inquilinos también reclama el “tratamiento urgente” de la Ley de Alquileres, que fue aprobada por el Senado en noviembre de 2016 pero aún no fue tratada por Diputados.

El presidente de la entidad, Gervasio Muñoz, explicó que “la solución a la problemática del acceso a la vivienda sólo es posible si se regula el precio del alquiler en todo el país.

Muñoz advirtió que la Ley Nacional de Alquileres, aprobada por unanimidad en el Senado en noviembre de 2016, “perderá estado parlamentario si no es tratada por la Cámara de Diputados antes de finalizar este año legislativo”.

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