Estafa al Ipross: un desesperado intento por borrar pruebas

Un desesperado intento por borrar archivos del sistema informático no fue suficiente para ocultar una de las pruebas fundamentales que tiene la causa por la millonaria estafa al Ipross.

Los investigadores presentaron ayer toda la evidencia reunida a lo largo de nueve meses y entre esos registros está un back up aportado por la empresa proveedora del software utilizado por el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro a la obra social del Estado.

Cuando el equipo de fiscales que impulsa la causa analizó los datos llegados desde Entre Ríos, donde tiene su sede la firma, se confirmó que había inconsistencias con los reportes secuestrados en el allanamiento realizado en la sede de la entidad, pocas horas después de recibir la denuncia.

La conclusión preliminar de los representantes del Ministerio Público es que, desatado el escándalo a nivel interno, la exauditora eliminó de las computadoras de la institución todos los registros relacionados con las cargas manuales de medicamentos realizadas durante los últimos seis años, para que no pudiera confirmarse que el Ipross había pagado por remedios que nunca estuvieron en manos de afiliados.

Esa prueba se suma en el expediente a otros elementos de peso para la formulación de cargos, entre ellos la inconsistencia entre las ventas de productos para tratamientos de diabetes y epilepsia en las cinco farmacias investigadas y las compras de esos mismos comercios a las droguerías que proveen al rubro en la provincia.

Los fiscales detallaron hoy que cuentan con informes de cuatro droguerías como evidencia para comprobar que al menos entre fines del 2013 y principios del 2019 se facturaron a la obra social provincial medicamentos e insumos ficticios.

“No hay relación entre las compras de 11 medicamentos e insumos específicos a esos proveedores y el volumen facturado a la obra social por esos mismos productos”, explicaron fuentes del Ministerio Público.

Lento andar

La segunda jornada de la audiencia de formulación de cargos tuvo nuevamente un inicio monótono, con el lento repaso puntual de decenas de operaciones presuntamente irregulares de venta de remedios para diabéticos y epiléticos, realizadas en distintas farmacias de Roca y Allen investigadas.

Ese repaso se hizo a pedido de la defensora, Patricia Espeche, con un criterio que no compartieron los demás defensores de los imputados ni la querella, quienes advirtieron el miércoles que era una pérdida de tiempo y que no aportaba nada relevante al proceso.

Luego, el fiscal Gastón Britos Rubiolo enumeró todas las acciones desarrolladas por el Ministerio Público después de recibir la denuncia, el 13 de mayo pasado, de parte de las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

La evidencia reunida contiene informes y declaraciones de funcionarios del Ipross, quienes explicaron ante la fiscal jefa, Teresa Giuffrida, cómo era el vínculo con los farmacéuticos a partir del convenio firmado en el año 2010.

Cabe recordar que ese acuerdo estableció que la auditoría de la facturación estaba a cargo de los propios prestadores y por eso la responsable de esa función hasta principios del 2019, Sandra Fasano, es considerada por los fiscales como una pieza fundamental para que se concretara el perjuicio al Estado.

Fotos, audios, imágenes

10 entrevistas se realizaron durante la investigación preliminar. Las últimas fueron el martes pasado, en el Colegio de Farmacéuticos.

21 materiales en distintos soportes -audio, video, imágenes forenses de computadoras- forman parte de la evidencia presentada hoy.

El turno de los defensores

Hoy desde las 8 se realizará la tercera jornada de la audiencia de formulación de cargos.

Será el turno de los defensores de los siete imputados: Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea, Sandra Fasano, Marianela Guidi, Marcela Gil y Cecilia Balladini.

Todos se expedirán sobre los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal a los imputados y sobre las evidencias presentadas hoy.

Cabe recordar que el equipo de fiscales y la querella -que hoy adhirió totalmente a la acusación- consideran a los dueños de farmacias y a la exauditora del Colegio de Farmacéuticos como coautores del delito de estafa reiterada agravada, por haber sido cometida contra la administración pública.

Como también se cree que hay concurso real entre los delitos, los acusados podrían enfrentar en un eventual juicio pedidos de altas penas de prisión.