El Municipio apeló la causa por la Ruta 22

El Juzgado Federal de Roca se declaró incompetente para intervenir en la causa originada por la denuncia penal que presentó el intendente de Roca, Martín Soria, luego de advertir que no habría resolución formal para habilitar la construcción de una autopista en la Ruta 22, cuando originalmente se licitó una autovía.

La resolución del juez Hugo Greca se firmó la semana pasada, pero el miércoles a primera hora los asesores legales del municipio presentaron una apelación, para que la Cámara Federal revise las actuaciones de primera instancia.

Si el fallo inicial es ratificado, el expediente tomará rumbo a Buenos Aires y luego del correspondiente sorteo será asignado a uno de los 12 jueces de Comodoro Py.

Una medida de ese tipo permitiría ganar tiempo a las autoridades del organismo nacional, que deben encontrar una salida para el conflicto que desde fines del 2016 mantiene paralizada las obras en la Sección III (Cervantes-J.J. Gómez).

La declaración de incompetencia fue confirmada esta semana por el juez Greca. El magistrado explicó que del análisis preliminar de los registros enviados por Vialidad Nacional no surge información que permita inferir que la decisión -explícita o no- de modificar el proyecto original licitado haya estado en manos de funcionarios de la zona.

Concluyendo que los hechos ocurrieron en la sede central del organismo, en Buenos Aires, Greca firmó la semana pasada la resolución que puso fin a su intervención en el proceso, para enviarlo de inmediato a los tribunales porteños.

  • Soria pidió el año pasado investigar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia de Soria se conoció en septiembre pasado, cuando desde el Juzgado Federal roquense pidieron al titular de Vialidad, Javier Iguacel, que remita “todo documento, resolución y/o expediente administrativo, de los cuales surja la aprobación del cambio de proyecto llevado a cabo sobre la Ruta Nacional 22, tramo Chichinales – Cipolletti, de “autovía” a “autopista””.

El requerimiento también incluyó “los informes de impacto ambiental realizados y un organigrama de su organismo con indicación de autoridades a las fechas de la documentación requeridas”.

A fines del 2017 trascendió que más allá de la voluminosa documentación que enviaron las actuales autoridades de Vialidad, en ningún lado apareció la autorización formal para modificar en forma tan significativa las obras licitadas.

Advirtiendo el posible destino de la denuncia, Soria pidió públicamente en diciembre que la causa se mantenga en Roca, pero ese reclamo no tuvo eco en el primer piso de los tribunales de San Martín y España.

Ahora habrá que esperar por la resolución que se tome un piso más arriba en las próximas semanas.

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