Carreras pidió al Parlamento autorización para acceder al préstamo de Nación

La gobernadora Arabela Carreras remitió un proyecto a la Legislatura de autorización para que Río Negro disponga de financiamiento especial, entre las posibilidades, el acceso al plan crediticio nacional que el presidente Alberto Fernández prometió a los mandatarios provinciales.

Este trámite urge porque el ministerio económico rionegrino requiere recursos inmediatos para las próximas obligaciones y, por eso, acelera la gestión para participar del programa de préstamos de Nación, con 60 mil millones de pesos para distribuir entre las distintas provincias. El plazo de devolución es de 36 meses y el monto depende de la asignación del gobierno nacional.

La iniciativa -enviada con acuerdo de ministros- permite que la Legislatura autorice a la gobernadora para “adoptar medidas” financieras ante “la situación de emergencia” de la provincia.

Entre las facultades solicitadas, el Ejecutivo podrá cumplir con “una evaluación y análisis de la deuda pública provincia” y “proceder a encarar un proceso de administración de sus pasivos financieros acudiendo a las opciones más convenientes. Se destaca la posibilidad de refinanciar, renegociar, modificar los términos y condiciones, reestructurar y/o realizar operaciones de canje de la totalidad o parte de su deuda pública, que se encuentren en circulación a la fecha”.

Además, el proyecto gubernamental plantea herramientas financieras para responder frente a la baja de los ingresos y el incremento de los gastos. En esa línea, permite “suscribir los convenios y  los acuerdos necesarios en el marco del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, creado por Nación, y que implementará próximamente la asignación de fondos a las provincias, en carácter de préstamos.

En los fundamentos, el gobierno explica que las “medidas adoptadas oportunamente en el marco de la pandemia provocaron una fuerte caída del nivel de actividad económica”, y “un fuerte impacto negativo en las cuentas fiscales provinciales, producto de la abrupta desaceleración del nivel de actividad, provocando una caída imprevisible en la recaudación fiscal propia, la derivada de la Coparticipación Federal de Impuestos y también la de las regalías de la actividad hidrocarburífera”.

En contrapartida, la “gravedad de la pandemia -agrega- se incrementó el nivel de gastos en salud, seguridad, sociales y demás áreas relacionadas con la contención de la enfermedad y en programas para aliviar el impacto económico negativo”.