Rurales: crece el debate por el adicional de zona en Regina

El adicional por zona desfavorable reclamado por los trabajadores rurales abrió un fuerte debate en Regina y tiene al Concejo Deliberante como escenario de la polémica. Esto se debe al pedido de los productores para explicar la situación de crisis que vive el sector y por ello la imposibilidad de hacer frente al pago de la zona.

El Deliberante quedó en medio del debate, dado que la concejal Agustina Fernández (JSRN), está impulsando un proyecto de comunicación para respaldar el pedido de los trabajadores rurales a favor del reclamo para la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que establece el adicional por zona desfavorable.

A su vez, la Cámara de Productores Agrícolas de General E. Godoy, Villa Regina, Chichinales y Valle Azul presentó en los últimos días un pedido de audiencia con la totalidad de los concejales para explicar la posición en la que se encuentran los productores. El encuentro se realizaba ayer.

Si bien los productores frutícolas insistieron en reconocer la legalidad del pedido de los trabajadores para percibir el adicional, apuntaron que la condición económica por la falta de rentabilidad hace imposible por el momento hacer frente al mismo.

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Mauricio Molinaro, que preside la Cámara de Productores Agrícolas de Godoy, Regina, Chichinales y Valle Azul remarcó que la postura de los chacareros no está en contra de los trabajadores rurales y que en caso de que el gobierno nacional otorgue algunos beneficios en aportes patronales, sí se podría hacer frente al pago del adicional.

“Hay algo básico a tener en cuenta, el costo de producción por kilo de fruta es de 24 centavos de dólar, y eso permitiría tener una mínima rentabilidad al productor. Pero actualmente, las liquidaciones de los empaques rondan entre los 12 y 14 centavos de dólar por kilo de fruta; es decir que existe una diferencia de entre 10 y 8 centavos que no están llegando al productor. Esto quiere decir que ni siquiera se pueden cubrir los costos de producción”, comentó Molinaro.

Por otra parte, la Cámara de Productores Agrícolas, explicó que en este panorama “el costo laboral, implica como mínimo, el 60 % del costo total de producir un kilo de pera o manzana”.

Más de 10 mil hectáreas quedaron fuera de la producción y se perdieron muchos puestos laborales.

Destacaron que si bien la actividad productiva no tuvo una paralización por efecto de la pandemia por la covid-19, la implementación de protocolos sanitarios, sumó nuevos costos a las tareas culturales de cosecha que se completaron en los últimos meses y de poda que se están ejecutando en este momento.

En una nota que entregaron a los concejales, los productores agregaron que “si a este costo de producción se le agrega como pretende el gremio en su proyecto, un 50 % del total de las remuneraciones que por todo concepto perciban los obreros, definitivamente transformaría en inviable la continuidad de toda la fruticultura y, nos atrevemos a decir, de toda la actividad agrícola de la zona”.

900 productores tuvieron que salir del sistema en los últimos diez años, según estadísticas oficiales.

“La actividad frutícola hace ya más de ocho años ha perdido rentabilidad y ha incrementado enormemente las deudas con Afip de los que hoy siguen luchando. Sin créditos ni apoyo, es imposible continuar”, indicaron los productores de Regina.

La falta de rentabilidad en el sector hizo que durante los últimos diez años, de acuerdo a las estadísticas oficiales, más de 900 productores salieran del sistema y más de 10 mil hectáreas quedaran fuera de producción, y en consecuencia se perdieron una importante cantidad de puestos laborales.

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