La mitad de las familias que usurparon tierras del polígono se fueron del predio

La mitad de las familias que protagonizaban hasta la semana pasada la toma de tierras del polígono de tiro de Roca ya se fueron del predio.

Así lo informaron fuentes judiciales, en el marco del trabajo que llevan adelante tres fiscales desde fines de la semana pasada para superar el conflicto sin el uso de la fuerza pública.

El plazo para el desalojo voluntario venció el viernes de la semana pasada, cuando se cumplieron los 30 días que había otorgado el juez de garantías, Gustavo Quelín. En ese momento las 52 familias dejaron claro que resistirían cualquier operativo policial, conformando un cordón humano y prendiendo fuego en neumáticos en todo el frente del inmueble.

Las tierras usurpadas a mediados de junio están en el noreste de la ciudad y son de la Asociación Patriótica Tiro Federal. Entre los argumentos que expusieron los ocupantes y su abogado, se resaltó que la institución no tenía derecho a usarlas porque se las habían cedido durante un gobierno militar.

Los planteos de la defensa de los 30 imputados no fueron suficientes para el magistrado que intervino en el caso, quien dispuso el 23 de septiembre las medidas tendientes al desalojo del predio.

“Este tipo de medidas se llevan a cabo siguiendo el protocolo del Ministerio Publico. Esto es, que los fiscales se hacen presentes en el lugar, evitando días con condiciones climáticas adversas y evitando la nocturnidad, se vuelve a dialogar con quienes están ocupando el predio de la resolución judicial, notificando la medida de desalojo forzoso al no haber cumplido por el plazo establecido por el juez para hacerlo de manera voluntaria. Se les vuelve a solicitar que dejen el lugar de manera pacífica y voluntaria. Luego de eso se vuelve a evaluar la situación y se analiza cómo continuar”, explicaron voceros judiciales sobre los pasos que se dieron desde la semana pasada.

En la mañana de este jueves se informó que producto de esas gestiones, la mitad de las familias ya se había retirado y que se seguía dialogando con aquellos que permanecían en el lugar, para que modifiquen su conducta.

Los funcionarios que trabajan en el caso son la fiscal jefa, Graciela Echegaray, el fiscal del caso, Ricardo Romero y la adjunta, Natalia Pascual.

Banco de tierras municipal

Por su parte, desde el municipio se informó esta tarde que la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio volvió a ofrecer a los ocupantes de la toma la posibilidad de inscribirse en el Banco Municipal de Tierras, para poder acceder lotes sociales.

«Cabe destacar que este ofrecimiento ya fue realizado en reiteradas oportunidades. Hasta la fecha 6 familias aceptaron anotarse y acreditando su urgencia pudieron acceder a lotes sociales. De esas 6 familias, 4 ya cuentan con lotes y 2 no se presentaron a recibirlo. Tal como consta en la causa judicial abierta, el resto de las personas que participan de la toma nunca se inscribieron en el Banco Municipal de Tierras, dos de ellas iniciaron el trámite, pero no lo concluyeron», se resaltó desde el Ejecutivo local.

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